Congreso de Quintana Roo revoca concesión a Aguakan, empresa privada encargada del servicio de agua potable en la entidad

En Quintana Roo la empresa Aguakan, encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en la entidad, perdió la concesión luego de que el Congreso de Quintana Roo eliminara la ampliación que se tenía hasta el 2053.

Siendo así, el 31 de diciembre de 2023 será el último día que la empresa otorgará el servicio a los habitantes, ya que no se aprobó otorgar extensión de la concesión por 30 años más.

Esto se logro gracias a una consulta que se realizó a la gente de Cancún, donde la mayoría señaló que no querían que Aguakan controlará el servicio de agua potable y alcantarillado.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, a partir del 1 de enero de 2024, será la responsable de otorgar el servicio a los habitantes en Cancún.

La empresa consiguió la concesión en 2014, sine embargo desde entonces fue objeto de críticas, por lo que durante muchos años estuvo en discusión su continuidad en los lugares de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morales, lugares donde se votó para rescindir del contrato.

Mara Lezama buscará devolver el agua al pueblo de Quintana Roo y retirar concesión a Aguakan

Desde marzo de este año, Mara Lezama Espinoza, Gobernadora de Quintana Roo, aseguró que haría efectiva la consulta ciudadana con la cual el pueblo del estado buscaba terminar con la concesión del agua que hasta el momento ostenta la empresa privada Aguakan.

“Estamos trabajando, lo voy a dejar muy claro y en pocas palabras, nadie al margen de la ley y nadie por encima de la ley (…) Y estas concesiones que se daban en lo oscurito y a largo plazo, no, de repente que además de manera curiosa, de repente se lucha cuando se entregaron las concesiones sin que nadie supiera, no se puede volver a repetir y eso le pedimos a la ciudadanía que siempre lo exija (…) Entonces estamos trabajando en ello, están trabajando nuestros abogados”.

 n ese entonces la morenista confirmó que su gabinete ya trabaja dentro de la legalidad para poner un fin al contrato que se tiene con la empresa y que se otorgó en tiempos del ex gobernador Roberto Borge, ahora vinculado a proceso por delincuencia organizada.

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