Un jurado federal de Baltimore declaró culpable a Alekzander Quinn Bywater de cinco cargos relacionados con explotación sexual infantil.
Un jurado federal de Baltimore, Maryland, declaró culpable a Alekzander Quinn Bywater de los cinco cargos que enfrentaba, entre ellos conspirar para explotar sexualmente a una menor y publicar en la dark web videos del abuso. El veredicto fue leído el 20 de agosto de 2026, en un caso investigado por autoridades estadounidenses y documentado por Milenio.
Bywater, originario de Colorado Springs, Colorado, vivía en Veracruz junto con su esposa, Anika Danielle Studlar Bywater. De acuerdo con la acusación federal, entre enero y febrero de 2024 la pareja grabó dos videos en los que abusaban sexualmente de una menor y posteriormente los ofrecieron a la venta en un sitio de internet.
Un agente encubierto del FBI compró los dos videos el 6 y 7 de febrero de 2024. Tras el veredicto, la fiscalía calificó el caso como “profundamente depravado” y señaló que Bywater se aprovechó de una menor vulnerable. Parte del expediente permanece bajo sello para proteger la identidad de la víctima.
Una revisión de Milenio encontró que entre 2008 y 2026 las autoridades de Estados Unidos hicieron públicos apenas 17 casos de ciudadanos de ese país procesados por abusar sexualmente de menores en territorio mexicano. La cifra contrasta con los reportes de organizaciones internacionales que identifican zonas de México como parte de un corredor de turismo sexual infantil.
Un documento de Unicef, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras advirtió en enero de 2026 sobre el riesgo de un incremento de la explotación sexual infantil durante el Mundial de fútbol. Datos citados por Laura Sánchez Ley, señalan que entre enero de 2015 y febrero de 2025 se registraron 2 mil 835 víctimas menores de edad en casos de trata de personas en México.
El caso de Bywater se suma a otros expedientes que muestran que el abuso sexual de menores mexicanos por ciudadanos estadunidenses no es un fenómeno nuevo. La investigación de Milenio documenta casos desde la década de 1990 y advierten que la justicia estadounidense sólo alcanza una fracción de estos delitos, principalmente cuando los agresores regresaron a Estados Unidos con evidencia o cuando una víctima logra denunciar desde ese país.
