En una maratónica sesión que comenzó a las 21:30 horas del 24 de septiembre y concluyó a las 06:15 del 25 de septiembre, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. La iniciativa fue respaldada con 86 votos a favor y 42 en contra, logrando la mayoría calificada necesaria gracias a Morena y sus aliados, incluido el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez.
Un debate polarizado: ¿Militarización o seguridad ciudadana?
La discusión en torno a esta reforma estuvo marcada por una profunda división entre los legisladores. Los opositores, encabezados por el PAN, Movimiento Ciudadano y parte del PRD, señalaron que la propuesta representa una falsa “militarización” de la seguridad pública. Argumentaron que la medida no es la solución adecuada para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico que ha afectado al país en las últimas dos décadas.
El panista Ricardo Anaya fue uno de los principales críticos, calificando la reforma como un intento de militarizar el país. Según Anaya, a pesar de que la constitución establece que la comandancia de la Guardia Nacional será civil, los elementos operativos seguirán siendo militares, lo que, en su opinión, contradice las promesas de no militarización.
Por otro lado, los legisladores de la 4T (Morena y sus aliados) defendieron con firmeza la reforma. Aseguraron que no se trata de una militarización, sino de una estrategia que busca fortalecer la seguridad del pueblo mexicano a través de la profesionalización y coordinación de las fuerzas del orden. La senadora Citlalli Hernández argumentó que pasar la Guardia Nacional bajo el mando militar no contradice los principios de seguridad pública civil y negó las acusaciones de incongruencia con las posturas previas de la izquierda.
La seguridad pública como eje central
La senadora morenista Citlalli Hernández subrayó que la medida busca fortalecer la seguridad del país y no implica la militarización de las calles. Aclaró que la propuesta es consistente con las críticas pasadas a la militarización de la seguridad pública, pero que las circunstancias actuales demandan una solución inmediata que refuerce la estrategia nacional de seguridad.
Asimismo, el senador Alejandro Murat destacó que la reforma contempla una estructura mixta de seguridad, en la cual el control de la investigación y la inteligencia seguirá en manos de la autoridad civil, a través del Ministerio Público, mientras que la Guardia Nacional desempeñará labores operativas en coordinación con las fuerzas civiles.
Finalmente, tras horas de debate y con los argumentos de ambos lados sobre la mesa, la reforma fue aprobada. La decisión del Senado permitirá que la Guardia Nacional continúe operando con una estructura que brindará mayor seguridad y confianza al pueblo mexicano.
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