Un nuevo ataque contra un batallón militar dejó cuatro muertos y cinco heridos en Colombia, otro episodio de una escalada de violencia que evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella, mientras regiones como Catatumbo permanecen atrapadas en una profunda crisis humanitaria.
Cuatro personas murieron y cinco resultaron heridas tras un ataque contra un batallón militar en Colombia, un nuevo golpe a la seguridad del país bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella. El mandatario ordenó desplegar toda la capacidad de inteligencia para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, pero las declaraciones y promesas de mano dura no han impedido que los ataques continúen.
El atentado se suma a una cadena de agresiones registradas durante los últimos meses en Tibú, en la región del Catatumbo. En junio pasado, otro ataque con drones dejó seis personas muertas, entre ellas un niño. La violencia se ha convertido en una amenaza cotidiana para la población, mientras los grupos armados mantienen su disputa por el control territorial y las rutas del narcotráfico.
Desde comienzos de 2025, Catatumbo atraviesa una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas, debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una disidencia de las extintas FARC. La expansión de los ataques con drones, incluso mediante dispositivos explosivos de fabricación casera, refleja el deterioro de las condiciones de seguridad y la capacidad de fuego de estas organizaciones.
El gobierno de De la Espriella enfrenta así una realidad que contradice su discurso de autoridad y mano dura:Colombia continúa sumida en la violencia y las respuestas oficiales no han logrado contenerla. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, los ataques con drones aumentaron 146% entre enero y mayo de este año, al pasar de 49 a 121. Mientras tanto, las comunidades siguen pagando las consecuencias de una crisis que el gobierno no ha conseguido resolver.
