Colombia busca un préstamo de hasta 5 mil millones de dólares con el FMI para enfrentar sus necesidades de financiamiento, mientras el Gobierno plantea un ajuste fiscal. La discusión abre una pregunta incómoda: ¿quién terminará pagando la deuda y qué ocurrirá con los salarios, las pensiones y el gasto público si lo que planean es recortarlos?

El Gobierno colombiano busca obtener un crédito de entre 4 mil y 5 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), con una tasa de interés cercana al 4%, para enfrentar sus necesidades financieras de 2027, estimadas en 25 mil millones de dólares. La llegada de una misión técnica del organismo coincide con el debate de la llamada Ley de Rescate Económico y con la preocupación internacional por el déficit fiscal del país.

El FMI recibió con satisfacción la presentación del paquete de medidas fiscales ante el Congreso, pero eso no significa que haya aprobado la reforma ni que el préstamo esté autorizado. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, reconoció que el respaldo financiero dependerá del ajuste que realice Colombia. En otras palabras, el dinero no llegaría sin condiciones ni compromisos para las finanzas públicas.

Y ahí está el problema de fondo: cuando un país recurre al FMI y promete un ajuste fiscal, la pregunta inevitable es quién termina absorbiendo el costo. ¿Se buscará reducir el gasto público, limitar incrementos salariales, modificar pensiones o recortar programas y servicios? El texto no confirma que esas medidas estén aprobadas, pero la presión por cumplir las metas fiscales abre la puerta a decisiones que podrían afectar directamente a la población. El riesgo es que la deuda se contrate hoy y mañana se pretenda pagar con sacrificios de los ciudadanos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que, sin corregir el desequilibrio fiscal, Colombia podría enfrentar dificultades para cumplir sus obligaciones e incluso caer en incumplimiento de pagos en 2027. Sin embargo, evitar una crisis financiera no puede convertirse en justificar cualquier recorte. Antes de comprometer al país con miles de millones de dólares, el Gobierno y el Congreso deben explicar con claridad cuánto costará el crédito, cuáles serán sus condiciones y, sobre todo, quién pagará la factura. Porque un préstamo puede aliviar las cuentas por un tiempo, pero también dejar una deuda que termine pesando sobre los trabajadores, los pensionados y los servicios públicos.