La semana pasada, los diputados Arturo Ávila (MORENA) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI), protagonizaron un nuevo episodio de confrontación que terminó entre insultos y empujones. La escena podría parecer anecdótica si no fuera porque este tipo de espectáculos cada vez son más frecuentes en nuestros espacios legislativos y porque, en el caso de algunos de sus protagonistas, la confrontación ocupa un espacio mayor frente al trabajo para el cual fueron electos.
La Cámara de Diputados es, por definición, el lugar donde las diferencias políticas deben confrontarse mediante argumentos. Arturo Ávila debería entenderlo particularmente bien. Es diputado federal, vocero de Morena y aspira públicamente a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc. Tiene trabajo legislativo, aunque su notoriedad pública provenga mucho más de su papel como vocero y polemista que de resultados legislativos propios. Apenas en febrero de este año reconocía que su proyecto político estaba en Aguascalientes y que aspiraba a gobernar aquella entidad; pocos meses después decidió que su destino estaba en Cuauhtémoc. Tiene derecho a aspirar, lo cuestionable es pensar que la cercanía con las dirigencias o la exposición mediática constituyan por sí mismas, méritos suficientes para gobernar una de las alcaldías más importantes del país.
El caso de Carlos Gutiérrez Mancilla es más preocupante. No por pertenecer al PRI ni por ejercer una oposición dura, sino por la dificultad de separar su actuación pública de la estridencia y la confrontación. El episodio con Ávila no es el primero en el que participa y algunas entrevistas recientes, particularmente la realizada por Maca Carriedo, permiten observar la dificultad que tiene el legislador para abandonar ese terreno incluso cuando se le pregunta directamente por su propia conducta. Pero hay otro aspecto que me parece mucho más revelador: Hace poco concluí una investigación académica sobre la construcción discursiva de la expresión narcogobierno y de la familia léxica asociada al prefijo narco-. Lo que encontré fue ese mecanismo mediante el cual una acusación originalmente referida a una persona o a un vínculo determinado puede desplazarse progresivamente hasta convertirse en una identidad atribuida a una candidatura, un partido, un gobierno o incluso al Estado. A ese proceso lo denominé encuadre de condensación identitaria y ahí Mancilla ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo. En sus intervenciones aparecen una y otra vez expresiones como narcogobierno, narcopartido, narcopolíticos, narcodiputados, narcobancada o vocero del narco, sin que esa facilidad lingüística venga necesariamente acompañada de una cadena probatoria equivalente y que, por su gravedad, debieran investigarse y acreditarse con rigor.
Una cosa es señalar que determinada persona mantiene una relación con una organización criminal y presentar las pruebas correspondientes; otra muy distinta es convertir esa relación en una identidad extensible. Ésa es justamente la diferencia entre relación e identidad que encontré en la investigación. Carlos Gutiérrez Mancilla, además, es licenciado en Derecho, por ello resulta exigible que comprenda el peso de las imputaciones que formula pues su carácter opositor, no le significa licencia para sustituir la prueba por la etiqueta ni el argumento por el insulto, y menos convertir la confrontación como única forma de ejercer la representación popular.
Cuando un representante popular recurre sistemáticamente al mismo conjunto de etiquetas para explicar personas, partidos, gobiernos y acontecimientos distintos, la estridencia termina por exhibir una preocupante pobreza argumentativa. Mancilla tiene no sólo el derecho, sino la obligación de investigar, denunciar y confrontar al poder cuando existan elementos para hacerlo; pero precisamente por eso sus acusaciones deben sostenerse en hechos y no únicamente en adjetivos. El legislador priísta haría bien en entenderlo, de lo contrario, llegará un momento en que agregar el prefijo narco- a cada adversario deje de ser una denuncia y termine convirtiéndose, simplemente, en la evidencia de que detrás de la etiqueta no existían argumentos.
Luis Tovar
Secretario General de la Fundación para la
Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.
