Nayib Bukele inscribió su candidatura para buscar un tercer mandato en El Salvador, amparado en una reforma que permite la reelección presidencial indefinida. La concentración del poder, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y las denuncias de abusos documentadas por expertos de la ONU dibujan un panorama cada vez más preocupante para la democracia salvadoreña.

Con miles de simpatizantes coreando “¡Seis años más!”, Nayib Bukele inscribió su candidatura para competir por un tercer mandato presidencial, en las elecciones previstas para febrero de 2027. El mandatario, en el poder desde 2019, pretende extender su permanencia gracias a una reforma constitucional impulsada por la mayoría oficialista que eliminó los límites a la reelección presidencial. Lo que antes estaba prohibido ahora se convirtió en una herramienta para prolongar indefinidamente su proyecto político.

La maniobra representa un golpe a los contrapesos democráticos: el oficialismo modificó las reglas para facilitar la continuidad de Bukele, extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminó restricciones que buscaban impedir la concentración del poder. El presidente presume que “ahora sí hay democracia y todos pueden participar”, pero esa afirmación contrasta con un sistema político en el que su partido domina las instituciones y la oposición enfrenta condiciones cada vez más adversas.

El respaldo popular obtenido por su ofensiva contra las pandillas no borra las denuncias sobre los abusos cometidos durante el régimen de excepción. Expertos designados por la ONU han advertido que las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado podrían constituir crímenes de lesa humanidad, mientras organizaciones humanitarias y medios independientes cuestionan las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades. La reducción de la violencia no debería convertirse en una autorización para vulnerar derechos ni para gobernar sin límites.

Así, mientras Bukele se presenta como el salvador de El Salvador y promete evitar un regreso al pasado, su proyecto avanza hacia una estructura de poder cada vez más concentrada, con menos controles y una reelección sin límite temporal. Cuando un gobernante modifica las reglas para permanecer indefinidamente en el cargo y debilita a las instituciones que deberían vigilarlo, la democracia deja de ser una garantía y queda expuesta a convertirse en un instrumento del propio poder.