Nayib Bukele bombardeó el supuesto cuartel de la pandilla 400 Mawozo en Haití, durante una operación con participación de tropas salvadoreñas. Sin embargo, el despliegue de más de 2 mil militares sigue rodeado de opacidad, dudas sobre su legalidad y advertencias por posibles abusos.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele presumió en redes sociales la destrucción del supuesto cuartel de la pandilla 400 Mawozo y la vivienda de su líder, Wilson Joseph, en Croix-des-Bouquets, Haití. Difundió un video de helicópteros disparando contra las instalaciones y se burló de los integrantes del grupo que, según afirmó, huyeron sin combatir.
La operación habría sido realizada por la policía haitiana con apoyo de militares salvadoreños. El Miami Herald reportó hasta 20 presuntos pandilleros muertos, con base en fuentes anónimas, pero el dato no ha podido verificarse de manera independiente. El propio líder de la banda no estaba en el lugar, por lo que la destrucción de una propiedad no significa que la organización criminal haya sido desmantelada.
El episodio forma parte del despliegue de más de 2 mil soldados salvadoreños en Haití, anunciado inicialmente para localizar a cuatro técnicos militares desaparecidos tras una emboscada. Sin embargo, la misión ha ampliado su alcance y enfrenta cuestionamientos porque la mayoría de los efectivos no está integrada a la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por la ONU, por lo que opera fuera de sus mecanismos de seguimiento y supervisión.
Amnistía Internacional exigió que El Salvador y Haití publiquen el acuerdo que permite la presencia militar y garanticen el respeto a los derechos humanos. La crisis haitiana no se resolverá con videos de bombardeos ni declaraciones triunfalistas: sin transparencia, supervisión y resultados comprobables, la ofensiva de Bukele corre el riesgo de convertirse en otra intervención militar de consecuencias imprevisibles para la población civil.
