La capacitación a las unidades policiales para lograr optener el Certificado Único Policial (CUP) es indispensable. Al día de hoy 82.8% de los agentes federales y estatales ya cumplen con los requisitos profesionales y lograron tener el CUP.
La Fuerza Armada Permanente informó que, entre las 19 entidades federativas con mejoras en los haberes para policías, el Estado de México destaca por remunerar a sus agentes con 28 mil 502.06 pesos mensuales. En contraste, Tabasco se ubica como la entidad con el salario más bajo, con 10 mil 845 pesos al mes.
Para que un policía sea acreditado con el CUP, según el Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional correspondiente a 2024, es necesario optimizar su perfil profesional. Deben contar con conocimientos, dominio de sus funciones, habilidades, destrezas y comportamientos profesionales apegados a estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad pública. Como beneficio, se incluye, entre otras cosas, un aumento salarial.

Entre las entidades con mejor remuneración a elementos de la policía se encuentran el Estado de México, Baja California, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila y Querétaro, entre otras. Por el contrario, los peores salarios se registran en Tabasco, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Campeche y Zacatecas.
“El Certificado Único Policial (CUP) es un documento que acredita a los miembros de las instituciones de seguridad pública estatales que cumplen con los requisitos de profesionalización, perfil, habilidades y aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones”.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su revisión de 2024, destacó la importancia de capacitar a los agentes. “La política gubernamental de transición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional busca fortalecer su disciplina, profesionalización y efectividad, sin perder de vista que su adiestramiento en seguridad pública debe ser prioritario. Se subraya la necesidad de una capacitación constante en la protección de los derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza, donde la CNDH es partícipe de dicho proceso”.
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