Las imágenes del supuesto ataque contra la entonces candidata de la alianza PRI-PAN-PRD muestran contradicciones con el propio relato de la alcaldesa.
El video del supuesto atentado contra Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa del PRI, PAN y PRD de la alcaldía Cuauhtémoc, deja más preguntas que certezas. En las imágenes se observa a un hombre acercarse caminando, sacar un arma y disparar al menos cinco veces contra la parte trasera de la camioneta, que permaneció detenida durante las detonaciones. No hubo personas heridas y los daños se concentraron en el vehículo. Hasta ahí, los hechos son graves, pero el problema aparece cuando se contrastan las imágenes con la versión pública de la candidata.
Rojo de la Vega declaró ante Ciro Gómez Leyva que, al comenzar los disparos, ella se agachó y que su chofer arrancó a toda velocidad para escapar del lugar. Sin embargo, el video difundido contradice esa parte de su relato: la camioneta permanece en el sitio mientras se escuchan los disparos. Esa diferencia no es un detalle menor. Cuando una política denuncia un ataque armado en plena campaña electoral, su testimonio debería coincidir con las evidencias disponibles, especialmente cuando el hecho es utilizado políticamente para denunciar una supuesta persecución.
Por eso, antes de convertir el episodio en una bandera política, resulta indispensable responder una pregunta básica: ¿qué ocurrió realmente esa noche? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar quién disparó, por qué lo hizo y si existió una agresión real contra la candidata. Las contradicciones alimentan la hipótesis de que pudo tratarse de un autoatentado o un montaje para generar un beneficio político.
Lo que sí resulta cuestionable es la rapidez con la que Rojo de la Vega y dirigentes como Alejandro Moreno y Xóchitl Gálvez utilizaron el episodio para construir un discurso de victimización política antes de que terminara la investigación. Un ataque armado no debe minimizarse, pero tampoco puede utilizarse para fabricar una narrativa electoral. Si fue un atentado, todo el peso a los responsables; si fue un autoatentado, que también se conozca la verdad. En ambos casos, la ciudadanía merece pruebas y no propaganda.
