Estudiantes, ambientalistas y trabajadores frenaron un congreso universitario en Buenos Aires para rechazar reformas que consideran una amenaza al territorio nacional y al acceso a la vivienda.
Las políticas del presidente argentino Javier Milei desataron nuevas protestas en Buenos Aires, donde estudiantes, organizaciones ambientalistas y trabajadores se manifestaron contra los cambios legales que buscan eliminar restricciones a la venta de tierras a extranjeros. La movilización provocó la suspensión de la inauguración del XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Los manifestantes cuestionaron la participación del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el encuentro y criticaron su respaldo a medidas que, consideran, favorecen los intereses de capitales extranjeros sobre los recursos y el territorio argentino. También exigieron revisar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, impulsado por Milei, al que acusan de vulnerar normas jurídicas y profundizar la desregulación económica.
La inconformidad ocurre mientras el Congreso avanza en otras reformas. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada que contempla desalojos exprés por falta de pago de alquileres o vencimiento de contratos. Organizaciones y sectores críticos advierten que estas medidas pueden agravar la crisis habitacional, en un contexto de rentas elevadas y dificultades económicas para miles de familias.
La situación social también ha generado alertas por el aumento de la pobreza. En días recientes, la jerarquía de la Iglesia católica denunció el deterioro de las condiciones de vida y la presión sobre los comedores populares que atienden a sectores vulnerables en distintas regiones del país.
A las críticas internas se sumaron cuestionamientos por la intervención de Estados Unidos. Su embajador en Argentina, Peter Lamelas, afirmó que el financiamiento estadounidense podría aumentar si el país mantiene el rumbo político de Milei y la derecha. Sus declaraciones fueron interpretadas por sectores críticos como una forma de presión sobre las decisiones electorales argentinas.
En paralelo, funcionarios estadounidenses preparan la visita del vicepresidente JD Vance, prevista para noviembre, mientras Washington amplía su presencia en asuntos de seguridad y cooperación. Las protestas reflejan así una disputa que rebasa la política ambiental: enfrenta el proyecto de desregulación de Milei con sectores que denuncian riesgos para la soberanía territorial, los derechos sociales y el acceso a la vivienda.
