Últimamente, el Poder Judicial Federal (PJF) se ha convertido en un comodín para los políticos para todo aquello que no es de su agrado.
Empezaron con los procesos electorales, después con asuntos de salud y ahora con los libros de texto gratuitos.
Con ello, las elecciones dejaron de ser lo que eran. Ya no basta con el conteo de los votos después de concluida la jornada electoral, sino que ahora hay que esperar a que se pronuncie el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evaluar si se debe o no validar la elección.
Por supuesto, todo esto es a instancia de parte, no es que los tribunales, de oficio, tienen que dar el visto bueno, sino que son los políticos quienes piden al poder judicial su pronunciamiento, con el fin, según se dice, para evaluar la constitucionalidad.
Esto mismo pasó con el plan general de salud para la contingencia del virus Covid-19. En esa ocasión, el gobierno federal estableció un plan de vacunación por edad y grupos vulnerables.
Sin embargo, este fue modificado por el poder judicial por diversos juicios de amparo promovidos por varias personas, quienes estuvieron en contra del plan y exigieron vacunarse antes de tiempo.
Este caso, por cierto, dentro del ámbito jurídico fue analizado a fondo, ya que se cuestionaba qué tanta ingerencia puede tener el poder judicial al grado de ser quien debe aprobar, en última instancia, cuestiones de la administración pública.
Ahora, lo mismo está ocurriendo con los libros de texto gratuitos, ya que algunas entidades federativas han suspendido su distribución por cuestiones judiciales. Por tanto, mientras no se pronuncie el poder judicial, se dará luz verde o no a su distribución.
Entonces, el quid de la cuestión es casi idéntico ¿Qué facultades tiene el poder judicial para determinar que los contenidos de los libros de texto deben ser avalados o modificados?
Algunos mandatarios, como Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, han pedido no politizar el asunto, pero ¿es correcto judicializarlo?
Al final del día, parece que todo cuanto se hace o se planea hacer, debe pasar, en última instancia, por las manos del poder judicial federal. Algo que orilla a cuestionarse acerca de los alcances que deben tener las resoluciones judiciales, pero también preguntarse qué están haciendo los políticos.
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