El Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió la negociación del salario mínimo de 2027 con una condición que amenaza con convertir un derecho laboral en una discusión llena de candados: antes de definir el aumento, exige mesas técnicas, jurídicas y un prolongado proceso de concertación entre trabajadores, empresarios y Ejecutivo.

La discusión del salario mínimo de Colombia para 2027 arrancó sin una cifra oficial, pero con una primera señal del Gobierno de Abelardo de la Espriella: el aumento deberá pasar por una extensa ruta de diálogo, revisión técnica y análisis jurídico. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, planteó que trabajadores y empresarios deberán sentarse a discutir sus diferencias antes de avanzar hacia la definición del incremento.

El problema es que un salario digno no debería presentarse como una concesión condicionada a una interminable colección de mesas y filtros burocráticos. El Ejecutivo pretende mantener activa durante todo el año una mesa sectorial para revisar asuntos laborales, mientras que la negociación del salario mínimo deberá considerar inflación, productividad y actividad económica. Es decir, el Gobierno abre la puerta a un aumento, pero deja claro desde el principio que estará rodeado de restricciones y condicionantes.

La discusión llega después del incremento de 23,7% aplicado en 2026, que llevó el salario básico a 1 millón 750 mil 905 pesos y, con el auxilio de transporte, a 2 millones de pesos. Para 2027 todavía no existe una cifra definida: algunas estimaciones privadas apuntan a aumentos de alrededor de 8,5%, mientras otras ubican el rango entre 9% y 10%. Por ahora, esas cifras son proyecciones y no una decisión gubernamental.

Así, el Gobierno de De la Espriella comienza una negociación que corre el riesgo de convertir el incremento salarial en una especie de permiso sujeto a condiciones económicas, jurídicas y políticas, cuando el objetivo central debería ser garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. La concertación es necesaria, pero también lo es que el resultado no termine siendo un aumento impuesto a regañadientes, reducido por restricciones o presentado como un favor del Ejecutivo. La próxima reunión de la Comisión está prevista para el 13 de octubre, mientras los sectores podrán presentar sus observaciones hasta el día 9.