El gobierno de Chihuahua fue la primera administración estatal en presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la distribución de estos materiales didácticos.
El viernes pasado, Yadira Anette Gramer, titular de la Consejería Jurídica del gobierno que encabeza la panista María Eugenia Campos Galván, envío el juicio constitucional al máximo tribunal.
La demanda quedó registrada con el número 400/2023, pero aún no se informa a que ministro tocará en turno su análisis, para decidir si es o no admitida a trámite.
Lo que alega la administración de la panista son las supuestas violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de los libros de texto, lo cual, según incide en la obligación constitucional de garantizar una educación pública y de calidad para los habitantes de esa entidad.
Las máximas autoridades del Ministerio de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Material Educativo, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Dirección General de Educación Superior Docente, la Dirección General de Formación Continua de Docentes y Directivos, el General La Dirección de Gestión Escolar y Territorio, y la Dirección General de Materiales Educativos se encuentran entre los nombrados en la disputa como responsables de estas posibles violaciones.
Probablemente la demanda incluya una petición de suspensión, la cual, según los criterios de la Corte, tratándose de controversias constitucionales solo puede otorgarse si la medida cautelar no afecta la seguridad o la economía nacionales, ni las instituciones fundamentales el orden jurídico, y previene violaciones a derechos humanos.
Incluso si se aprobara la suspensión, el ministro a cargo de la situación aún tendría que determinar si esta medida preventiva se aplicaría a todo el territorio nacional o solo a Chihuahua.
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