El software espía Pegasus, adquirido en 2011 durante el sexenio de Felipe Calderón con el fin de combatir a los cárteles, terminó siendo utilizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para vigilar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y hasta políticos. Aunque se justificó como una herramienta de inteligencia contra el crimen organizado, en realidad se empleó en tareas de espionaje interno.
México pagó más de 60 millones de dólares por el spyware desarrollado por la empresa israelí NSO Group, capaz de tomar control total de un teléfono móvil. Citizen Lab y otras organizaciones revelaron en 2017 que Pegasus se usó para vigilar a personas como el doctor Simón Barquera, el director de El Poder del Consumidor, y hasta a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Investigaciones posteriores destaparon que el gobierno de Peña Nieto espió a más de 15 mil personas, incluidos sus opositores políticos como Andrés Manuel López Obrador, y a periodistas que investigaban el narcotráfico como Ismael Bojórquez, Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) documentó también intentos de hackeo contra abogados y activistas sociales.
La Fiscalía General de la República inició en julio una carpeta de investigación luego de que se revelara en medios israelíes que Peña Nieto habría recibido 25 millones de dólares en sobornos para concretar la compra del software. El expresidente negó las acusaciones y las calificó como infundadas y dolosas.
El fiscal Alejandro Gertz Manero informó que México pedirá formalmente información al gobierno de Israel sobre la presunta transacción, con el objetivo de judicializar la investigación y determinar si existieron delitos en la compra y uso de Pegasus.
Aunque el caso fue expuesto desde 2017, aún no hay responsables sancionados. El escándalo ha reabierto el debate sobre los límites del poder en la vigilancia digital y la protección de los derechos humanos frente a tecnologías intrusivas.
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