La actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reactivado una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciada en 2020, en la que están implicados el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y su entorno cercano, incluidos familiares y socios empresariales.
La investigación, ahora encabezada por Pablo Gómez, titular de la UIF, explora presuntos fraudes y desvíos de fondos públicos relacionados con las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, periodos en los que gobernaron Ricardo Gallardo Cardona y su padre, Ricardo Gallardo Juárez. La UIF examina operaciones sospechosas que habrían desviado al menos 724 millones de pesos a empresas médicas como Clínica Wong y Axioma, propiedad de la familia Gallardo.
Recientemente, se detectaron movimientos en la Secretaría de Salud del estado, donde Ymuri Vaca y Juan Carlos Negrete, quienes ocupaban puestos clave y estaban relacionados con las empresas investigadas, fueron destituidos abruptamente, presuntamente al descubrirse la reactivación de la investigación.
Además, el Ministerio Público federal envió una solicitud a la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí para que informe sobre propiedades y bienes de la familia Gallardo, incluidos domicilios, antecedentes penales y registros de propiedades. Los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez también recibieron solicitudes de información respecto a estos presuntos casos de corrupción.
El gobierno federal ha extendido la investigación a Guadalupe Torres, segundo al mando en el gobierno estatal, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y es señalado como uno de los responsables de la muerte del exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz, quien lo había denunciado por intentos de extorsión. Torres, además, acumula propiedades y bienes de lujo en su localidad natal, Tierra Nueva.
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