El legislador de Morena, Arturo Ávila, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que además de investigar al Partido Acción Nacional (PAN), lo hagan con Marko Cortés, Ricardo Anaya y Felipe Calderón.
Ávila Ayala mencionó que las autoridades deberían determinar la gravedad de la relación entre el PAN y las empresas de Genaro García Luna para que en caso de que se asegure que este tuvo o tiene relación con el crimen organizado, se proceda y en este caso se cancele el registro del PAN.
El diputado morenista consideró que se debería citar a los funcionarios del PAN para aclarar la relación y los términos en los que la dirigencia del PAN tuvo contraros con las empresas de García Luna.
“¿Por qué le pagaron un contrato millonario?, ¿Cuál fue el concepto?, ¿Por qué lo ocultaron y lo negaron durante tantos años?, ¿Qué es lo que se esconce detrás de la transferencia de recuros?“, cuestionó el legilador morenista.
Así mismo aseguró que es grave que un partido político tenga contratos con un exfuncionario que ha sido juzgado por enriquecimiento ilícito.
“Es grave que un partido político tenga contratos con la empresa de un exsecretario de Seguridad que ha sido juzgado por enriquecimiento ilícito y hoy está en prisión condenado por narcotráfico. El PAN incluso podría perder su registro si se demuestra en una carpeta de investigación que la relación de transferencias de recursos tuvo que ver con fines de espionaje o con fines relacionados con el crimen organizado“, declaró.
También cuestionó las recientes declaraciones del expresidente Felipe Calderón “¿De verdad Calderón no sabía lo que hacpia su mano derecha, su gran hombre de confianza, el súper policía del PAN? Yo creo que es imposible que no lo supiera, y claro que Felipe Calderón debe ser juzgado“.
Así mismo mencionó que los senadores panistas Marko Cortés y Ricardo Anaya también deben ser investigados por la FGR, para que aclaren si conocían las actividades de García Luna, y si la empresa propiedad del exfuncionario estaba dedicada al espionaje.
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