Hay fechas que no aparecen en los calendarios oficiales con la misma fuerza que otras, pero que resultan indispensables para entender la historia contemporánea de México. El 23 de septiembre de 1965 es una de ellas.
Ese día, en Ciudad Madera, Chihuahua, un grupo de jóvenes estudiantes, maestros y campesinos integrantes del Grupo Popular Guerrillero, encabezado por Arturo Gámiz y Pablo Gómez, intentó tomar el cuartel militar de la localidad.
La acción fracasó. Murieron ocho integrantes del grupo y seis militares, de acuerdo con la documentación del Archivo General de la Nación. Pero lo ocurrido aquella mañana trascendió el enfrentamiento y se convirtió en un referente para los movimientos armados que surgirían posteriormente en distintas regiones del país.
Para comprender Madera hay que mirar mucho más atrás que aquella madrugada. Un país que había cerrado muchas puertas. México se presentaba internacionalmente como una nación estable, producto de la Revolución de 1910 y con instituciones consolidadas. Pero debajo de esa imagen existían profundas contradicciones.
En distintas regiones persistían conflictos agrarios, cacicazgos, concentración de tierras y abusos contra comunidades campesinas. En Chihuahua, diversos grupos habían recurrido durante años a gestiones legales y políticas para obtener soluciones a sus demandas, mientras denunciaban despojos y abusos vinculados con caciques y compañías madereras.
Al mismo tiempo, durante los años cincuenta y sesenta, México había vivido importantes movimientos estudiantiles, obreros, magisteriales, campesinos y médicos.
Y ahí está una de las claves para entender Madera. No surgió de la nada. Fue producto de un contexto en el que determinados grupos llegaron a considerar que las vías institucionales no estaban ofreciendo respuestas.
Madera abrió una etapa. El asalto al cuartel de Ciudad Madera es considerado por diversos investigadores como un punto de partida del movimiento armado socialista mexicano contemporáneo. A partir de entonces aparecieron diferentes organizaciones armadas en distintas regiones del país.
Y después vendrían acontecimientos que marcarían todavía más profundamente a una generación: el movimiento estudiantil de 1968, la masacre de Tlatelolco, el Halconazo de 1971 y la llamada Guerra Sucia.
Es imposible contar la historia de los movimientos armados sin contar también la historia de la represión. Y es imposible contar la historia de la represión sin escuchar las razones, demandas y experiencias de quienes fueron perseguidos.
¿Y qué tiene que ver todo esto con la democracia? Mucho.
Pero no porque los movimientos armados, por sí mismos, hayan construido la democracia mexicana. La historia es mucho más compleja.
La democratización de México fue resultado de décadas de luchas sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, feministas, indígenas, partidistas y ciudadanas, además de reformas electorales e institucionales.
Pero sería un error negar que las décadas de represión también dejaron una profunda huella en la conciencia política del país. La existencia de presos políticos, desapariciones, torturas, asesinatos y persecución política obligó a generaciones posteriores a plantearse una pregunta fundamental: ¿Qué clase de democracia puede existir si el Estado no tolera la disidencia?
Conmemorar el 23 de septiembre no significa decir que la violencia política sea lo más deseable ni que tomar las armas sea el único camino que deba seguir una sociedad democrática.
Significa reconocer que hubo mexicanos que llegaron a considerar que las instituciones no les dejaban otra alternativa. Y significa preguntarnos por qué llegaron a pensar eso.
Ese es quizá uno de los grandes aprendizajes que nos deja Madera. La democracia no se construye solamente votando. También se construye garantizando que quien protesta pueda hacerlo. Que quien exige tierra pueda ser escuchado. Que quien denuncia corrupción pueda hablar. Que quien piensa diferente no sea perseguido. Que una comunidad pueda defender sus derechos. Que un estudiante pueda organizarse. Que un trabajador pueda sindicalizarse. Que un periodista pueda investigar. Que una familia pueda exigir verdad y justicia.





