Los 230 policías del operativo frente a Casa Jalisco deberán declarar ante Asuntos Internos, mientras el gobernador ya admitió que hubo abuso.
Tras la represión del gobierno de Pablo Lemus del 11 de octubre contra quienes exigían agua limpia frente a Casa Jalisco, se abrió un proceso contra 17 policías por uso excesivo de la fuerza. El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, dijo que la investigación ya terminó y que el caso pasó a la etapa de responsabilidad administrativa.
Los 230 policías que participaron en el operativo, incluido el propio secretario, tendrán que declarar ante Asuntos Internos. Los señalados tienen hasta 30 días para presentar pruebas y defenderse; después se decidirá si hay sanciones. Por ahora, el proceso es administrativo: no se habla de denuncias penales.
Los vecinos y manifestantes sólo pedían agua limpia, pero recibieron chorros de agua a presión y gases lacrimógenos. Dos días después, el propio Lemus reconoció que hubo abuso policial y errores graves en el operativo, es decir, aceptó que su gente se equivocó, aunque la protesta ocurrió bajo su mando.
Mientras tanto, el secretario de Seguridad defendió el reparto de agua en pipas en las colonias afectadas. Negó que sea una estrategia para limpiar la imagen de la policía y aseguró que las familias reciben a los uniformados “con alegría y agradecimiento”.
